Un proyecto presentado en la Legislatura porteña exige explicaciones al Gobierno de la Ciudad sobre las citaciones masivas a docentes para revisiones médicas y la polémica intervención de prestadoras privadas.
Las legisladoras Amanda Martín y Vanina Biasi ingresaron un pedido de informes para que la administración local detalle los procedimientos, criterios de evaluación y las eventuales consecuencias administrativas derivadas de estos reconocimientos a los trabajadores de la educación.
Uno de los ejes centrales del reclamo apunta a cuestionar por qué los exámenes están a cargo de empresas privadas de salud, como aquellas vinculadas al grupo Gaman, cuando el Estatuto Docente establece que estas tareas corresponden exclusivamente al Servicio Médico de la Ciudad. En esa línea, se solicitan los fundamentos técnicos y legales que avalan la tercerización del servicio.
Incertidumbre laboral y presupuestaria
La iniciativa también requiere una nómina detallada de los docentes citados durante 2026, discriminando distrito escolar y cargo, además de cuestionar la convocatoria a trabajadores con larga antigüedad que ya contaban con su apto médico aprobado al ingresar al sistema. Asimismo, se exigen datos precisos sobre la cantidad de empleados que recibieron dictámenes de no aptitud o reubicación.
Entre los puntos más sensibles, el texto presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires exige saber cuántos sumarios, cesantías o suspensiones de haberes se iniciaron a raíz de estas revisiones. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de treinta días para responder formalmente a todos los requerimientos planteados.
