El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 ordenó devolver al astillero estatal la denominada Planta I, ubicada en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, tras una privatización fraudulenta.

El predio conocido como Planta I del astillero estatal Tandanor fue restituido formalmente a la empresa Talleres Navales Dársena Norte, en cumplimiento de una resolución dictada por los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grunberg y Daniel Obligado. El inmueble, situado en las avenidas Antártida Argentina e Ingeniero José Quartino, había sido transferido a la firma Puerto Retiro S.A. mediante una licitación irregular durante la década del noventa.

La medida se concretó tras el contundente planteo del fiscal general Diego Luciani, quien sostuvo que la propiedad debía regresar de manera obligatoria a la sociedad estatal que era su titular legítima antes de la maniobra delictiva. La causa principal investigó un perjuicio patrimonial estimado en más de 52 millones de dólares, evidenciando modificaciones amañadas en las condiciones de licitación, prórrogas injustificadas y cambios arbitrarios en los plazos de pago que beneficiaron al consorcio comprador.

Por aquellas irregularidades cometidas en el proceso de venta del astillero, la Justicia condenó en septiembre de 2018 a tres años de prisión en suspenso al exfuncionario del Ministerio de Defensa Eduardo Tesoriere y a los empresarios Alejandro Arturo Bofill y Juan Andrés Vlastó, hallados culpables del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Un largo camino judicial hasta la restitución definitiva

El expediente recorrió las distintas instancias del sistema de justicia federal durante largos años, incluyendo un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que en 2020 avaló la devolución al Estado. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una resolución previa por cuestiones técnicas referidas a la personalidad jurídica de Tandanor, lo que obligó a reencauzar los dictámenes fiscales.

Finalmente, el tribunal determinó el decomiso definitivo del predio al concluir que su adquisición carecía por completo de causa lícita y que los actos jurídicos que posibilitaron la transferencia original eran nulos de nulidad absoluta. De esta manera, tras más de tres décadas de batallas legales, el histórico inmueble volvió a formar parte del patrimonio de la empresa estatal.