El Senado de la Nación sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el Gobierno de Javier Milei, una norma clave que refuerza las garantías frente a expropiaciones, agiliza desalojos y moderniza los trámites registrales.
La iniciativa obtuvo este jueves la aprobación definitiva con 42 votos a favor y 26 en contra en la Cámara alta, tras haber regresado con modificaciones desde la Cámara de Diputados. El paquete legal introduce un cambio profundo en el marco normativo nacional para brindar mayor previsibilidad jurídica a los propietarios y regular de manera estricta los procesos del Estado.
En materia de expropiaciones, la nueva legislación establece una interpretación sumamente restrictiva de la utilidad pública y exige identificar de forma concreta el objetivo perseguido. Asimismo, dispone que la medida estatal debe ser idónea, necesaria y proporcional, reafirmando que ninguna transferencia de dominio podrá concretarse sin el pago íntegro y previo de la indemnización correspondiente.
Nuevas reglas para desalojos y alquileres habitacionales
Para agilizar las disputas por la posesión, la reforma determina que las acciones de desalojo tramiten mediante el juicio sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ampliando las herramientas para solicitar la entrega anticipada del inmueble bajo evaluación judicial. No obstante, se aclaró que estas modificaciones procesales no se aplicarán de forma automática en las provincias, ya que cada jurisdicción conserva sus propias autonomías procedimentales.
En cuanto a los alquileres habitacionales impagos, se ratifica la obligatoriedad de realizar una intimación previa de al menos diez días corridos antes de iniciar cualquier demanda formal. La normativa también contempla un protocolo de intervención para organismos de protección en casos donde existan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, asegurando una alternativa habitacional transitoria sin frenar el avance del proceso judicial.
Por último, el texto sancionado habilita un régimen de regularización dominial para viviendas únicas y permanentes destinado a quienes acrediten posesión pacífica y continua durante los diez años previos. En el plano administrativo, se autoriza la presentación de documentos con firma digital y se fija un plazo máximo de 30 días para su calificación registral, apuntando a una modernización estructural del sector.