La diputada nacional Cecilia López Pasquali, perteneciente al bloque de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley que busca imponer la verificación de identidad obligatoria mediante datos biométricos del RENAPER para todos los usuarios de redes sociales, plataformas digitales y videojuegos en Argentina.

La iniciativa, registrada bajo el expediente 6018-D-2026, establece que los ciudadanos deberán validar su identidad a través del Sistema de Identidad Digital (SID) para crear, activar o mantener perfiles en cualquier plataforma que opere en el país. Si bien el proyecto se fundamenta en la seguridad informática y la protección de menores, la medida introduce un mecanismo de identificación estatal sobre actividades que hasta hoy podían realizarse de forma anónima, generando un fuerte debate sobre la libertad de expresión.

En la práctica, el texto contempla que incluso quienes ya poseen cuentas activas deberán acreditar quiénes son para no perder el acceso a sus perfiles. Aunque la propuesta permite el uso de seudónimos o nombres artísticos hacia el público, exige que detrás de cada usuario exista una identidad real verificada por el Estado, la cual podrá ser revelada ante requerimientos judiciales. Esto representa un cambio sustancial en la relación de los ciudadanos con el entorno digital y el derecho a la privacidad.

Antecedentes del RENAPER y riesgos de seguridad

Uno de los puntos que genera mayor resistencia es la centralización de los datos en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El organismo ha sido objeto de cuestionamientos tras la filtración de datos personales de millones de argentinos en 2021 y denuncias en 2023 por consultas injustificadas sobre las bases de datos de políticos, jueces y legisladores. La utilización de herramientas biométricas estatales para el acceso a redes sociales reaviva los temores sobre el manejo de información sensible y el posible uso ilegítimo de la misma.

Especialistas advierten que el fin del anonimato digital podría tener un efecto intimidatorio en la sociedad. La posibilidad de denunciar hechos de corrupción, exponer abusos de poder o cuestionar a funcionarios públicos sin revelar la identidad civil es una herramienta clave en cualquier sistema democrático. Al eliminar esta opción, se corre el riesgo de desalentar la participación ciudadana y la crítica política por temor a represalias directas contra los titulares de las cuentas.

El proyecto de López Pasquali aún debe ser debatido en las comisiones de Legislación General, Comunicaciones e Informática, y Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados. El resultado de este tratamiento parlamentario será determinante para el futuro de los derechos digitales en el país y la forma en que los argentinos interactúan en el ecosistema de las plataformas digitales y el comercio electrónico.