El Senado destituyó por unanimidad a Santiago Peña y la Fiscalía ordenó su arresto domiciliario en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza vinculada al colapso de Ueno Bank.

La medida judicial fue dictada por el Ministerio Público en la causa número 92 de 2026, caratulada como presunta lesión de confianza y otros delitos conexos. El expediente quedó formalmente en manos de un equipo de fiscales integrado por Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Karina Benítez, quienes instruyeron a la Comandancia de la Policía Nacional para efectivizar la detención del exmandatario en su domicilio.

Horas antes de la orden de arresto, la Cámara Alta había votado la destitución del presidente por mal desempeño de sus funciones. Con la presencia y el respaldo unánime de los 44 senadores, el Congreso rechazó la renuncia presentada el jueves pasado y negó rotundamente una prórroga de setenta y dos horas solicitada por la defensa técnica. Ante la ausencia de Peña en la sesión, los letrados representaron al exmandatario mientras se consumaba el final anticipado de su gestión y la pérdida de los fueros institucionales.

La asunción de Pedro Alliana y el impacto del caso Ueno Bank

Tras la resolución adoptada por el Poder Legislativo, el vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento constitucional para asumir la primera magistratura del país. El dirigente del Partido Colorado completará el mandato previsto hasta el mes de agosto de 2028, debiendo gestionar un escenario de extrema tensión política y financiera originada tras el cierre y resolución de la entidad bancaria por parte del Banco Central.

El caso que detonó la crisis institucional gira en torno a graves problemas de solvencia en la mencionada entidad financiera, situación que restringió drásticamente el acceso a los ahorros de millones de clientes y activó las pesquisas sobre el manejo de recursos públicos. Si bien Santiago Peña declaró haber vendido sus participaciones accionarias en Ueno Holding durante 2025 y niega rotundamente haber cometido delitos, la justicia continúa recolectando pruebas y la detención actual representa una medida procesal que no constituye una condena firme.