El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar con la suspensión de las PASO y aplicar una profunda reforma política.

El gobierno de Javier Milei anotó un triunfo legislativo trascendental en su cruzada contra el modelo del gasto desenfrenado. En una jornada parlamentaria decisiva, la administración libertaria garantizó el dictamen de mayoría para la suspensión de las PASO de cara a las elecciones de 2027, dando un paso definitivo para liquidar un mecanismo ineficiente, costoso y utilizado habitualmente por la vieja política como una encuesta multimillonaria financiada con el bolsillo de los contribuyentes.

El avance se destrabó tras una hábil negociación articulada por la bancada oficialista, que resolvió eliminar del articulado la figura de las listas colectoras, una distorsión del sistema electoral utilizada históricamente para acoplar boletas y confundir al votante. La senadora y jefa de bloque, Patricia Bullrich, sintetizó el cambio de rumbo institucional al proclamar: "Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista".

Claves de la reforma y el debate en el recinto

En lo particular del trámite legislativo, el oficialismo alcanzó las 10 firmas necesarias sobre un total de 19 miembros que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador fueguino Agustín Coto, tras consolidar el respaldo del PRO y sectores aliados dialoguistas. Tras obtener estas firmas, la reforma quedó oficialmente habilitada para desembarcar en el recinto del Senado de la Nación en la sesión pactada para el próximo jueves 26 de noviembre, donde el Gobierno buscará alcanzar la mayoría absoluta de 37 votos afirmativos.

Asimismo, la reforma política dictaminada asesta un golpe directo a la estructura de financiamiento político al fijar una severa reducción del 50% en los espacios de publicidad electoral en radio y televisión, recortando drásticamente la erogación estatal y obligando a las fuerzas políticas a competir en igualdad de condiciones.

En forma paralela, el dictamen ratifica la inclusión de la norma de Ficha Limpia, la cual prohíbe de manera tajante la postulación a cargos electivos a toda persona que cuente con una condena confirmada por delitos de corrupción contra la administración pública. Esta medida representa un cerrojo institucional para la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, sobre quien pesa una condena firme a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.