El Gobierno nacional avanzó con la ampliación de la Red Federal de Concesiones e incorporó 27 tramos de rutas nacionales al esquema de gestión privada, financiadas a través del cobro de peajes.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa traslada caminos que estaban bajo órbita estatal al régimen de concesiones de la Ley 17.520, con el propósito de que las empresas privadas asuman la responsabilidad del mantenimiento, la reparación y la infraestructura vial sin depender de los recursos públicos.
La ampliación abarca corredores de gran relevancia para el transporte de cargas y la conexión interprovincial en distintos puntos del país. En la provincia de Buenos Aires se sumaron las rutas nacionales 3, 9, 33, 35 y 228, además del acceso A0017. También figuran tramos en La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Salta, La Rioja, Chubut y Neuquén.
Licitaciones y plazos establecidos
El decreto determina que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, será el encargado de organizar todo el proceso de concesión, previa recepción de los informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad. La cartera conducida por Luis Caputo tendrá un plazo máximo de 12 meses para realizar los llamados a licitación pública nacional e internacional.
Las compañías que resulten adjudicatarias quedarán facultadas para explotar, administrar, construir y conservar los corredores viales, además de desarrollar actividades complementarias para generar ingresos adicionales al cobro de peajes. Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad continuará desempeñándose como autoridad de aplicación para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que esta iniciativa se alinea con los cambios introducidos por la Ley Bases, apuntando a reducir el gasto fiscal, garantizar la sustentabilidad de las obras mediante inversión privada, mejorar la seguridad en el tránsito y disminuir los costos logísticos que inciden directamente en las actividades productivas de toda la Argentina.
