El Gobierno nacional derogó una disposición del año 2014 que permitía otorgar y renovar residencias precarias a extranjeros que enfrentan procedimientos de expulsión del territorio argentino.
La medida fue formalizada por la Dirección Nacional de Migraciones mediante la Disposición 1547/2026, publicada en el Boletín Oficial, en el marco de las modificaciones introducidas a la Ley de Migraciones 25.871 a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 impulsado por la administración de Javier Milei.
Bajo el esquema implementado durante el kirchnerismo, la presentación de recursos judiciales y la renovación constante de certificados permitía que los ciudadanos extranjeros con órdenes de deportación conservaran una situación migratoria regular provisoria durante años. Con el nuevo régimen, esa herramienta queda completamente anulada para quienes registren procedimientos de expulsión activos.
Nuevos plazos y fin del arraigo automático
La normativa establece que la Dirección Nacional de Migraciones solo podrá conceder una residencia precaria por un plazo máximo de 90 días corridos, reduciendo drásticamente los 180 días que contemplaba el sistema anterior. Además, se introdujo una diferenciación tajante entre quienes poseen trámites migratorios regulares en curso y aquellos que afrontan sanciones de salida obligatoria del país.
Asimismo, el tiempo transcurrido bajo el amparo de una residencia precaria deja de constituir una prueba válida de arraigo. Esto significa que los beneficiarios ya no podrán utilizar dicho certificado para respaldar solicitudes de residencia permanente ni para acelerar trámites destinados a obtener la nacionalidad argentina.
Desde el Ejecutivo nacional señalaron que el objetivo principal de esta reforma es ordenar el sistema migratorio y terminar con los mecanismos legales que utilizaban los inmigrantes en situación irregular para evadir las órdenes de deportación dictadas por las autoridades competentes.