El Gobierno de Javier Milei presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud formal para frenar el proyecto Sea Lion y blindar los recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas.
La delegación argentina, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, expuso en Hamburgo los argumentos jurídicos para exigir que el Reino Unido suspenda de inmediato las actividades vinculadas a la explotación petrolera en una zona de soberanía en disputa. La presentación se ampara en el artículo 290 de la Convemar y en diversas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas que prohíben medidas unilaterales.
Entre los puntos centrales del reclamo, el Estado nacional exige impedir el avance del proyecto hidrocarburífero, abstenerse de entregar nuevos permisos, preservar la información obtenida en tareas exploratorias y garantizar la preservación estricta del medio marino. Desde el plano financiero, los efectos fueron inmediatos ya que las acciones de las petroleras vinculadas a Sea Lion se desplomaron hasta un 40 por ciento tras los anuncios oficiales.
La defensa británica y el debate de jurisdicción
Por su parte, la delegación británica encabezada por la fiscal general Ellie Reeves viajó a Alemania para cuestionar la competencia del tribunal internacional, argumentando que la controversia involucra exclusivamente una cuestión de soberanía territorial ajena al organismo. Londres ratificó además que las licencias otorgadas no pierden validez y buscará implementar legislación complementaria para respaldar a las empresas ante eventuales medidas extraterritoriales de Argentina.
Sin embargo, la estrategia legal del país no busca definir la soberanía en esta instancia, sino evitar que se consoliden hechos económicos irreversibles. Debido a las diferencias procesales entre ambos países bajo la Convemar, la disputa de fondo se resolverá en un tribunal arbitral, mientras el tribunal en Hamburgo evalúa la adopción urgente de medidas cautelares para evitar un agravamiento de la situación en el Atlántico Sur.
