El exministro de Economía Sergio Massa mantuvo una cumbre con quince rectores de universidades nacionales en la UNSAM, un encuentro que desató fuertes cuestionamientos debido al drástico recorte presupuestario de $70.000 millones que firmó durante su paso por la cartera nacional.
La cumbre, llevada a cabo el miércoles 21 de octubre de 2026, tuvo como eje central el debate en torno a la situación del sistema universitario y la reciente Ley de Financiamiento aprobada por la oposición. Del cónclave participaron referentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la UNSAM, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
La participación de las autoridades académicas fue confirmada públicamente por la rectora kirchnerista de la UNMDP, Mónica Biasone, a través de sus redes sociales. Durante el encuentro, el dirigente opositor buscó mostrar un supuesto respaldo a la educación pública y aseguró que el próximo año se dará vuelta la página en el plano electoral.
Las críticas oficiales por el historial de recortes
Sin embargo, la reunión generó inmediatas réplicas debido al antecedente financiero de la gestión massista. En agosto de 2022, el entonces titular del Palacio de Hacienda suscribió junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, la Decisión Administrativa 826/2022, instrumento que concretó una quita de $70.000 millones al entonces Ministerio de Educación, sumado al congelamiento de partidas en un contexto de alta inflación.
Ante este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, salió al cruce a través de la red social X. El funcionario cuestionó duramente la amnesia de las autoridades académicas al señalar que durante su gestión los gastos de funcionamiento se transferían con cuatro meses de retraso y que las deudas acumuladas debieron ser saldadas por la actual administración.
El cruce dejó expuesta la tensión latente entre el sector universitario y la política nacional, evidenciando los cruces de reproches sobre el financiamiento de las casas de altos estudios y el uso político de las instituciones públicas.
