El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, anunció su renuncia al cargo en medio de la profunda crisis política que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez tras los graves accidentes ferroviarios registrados en Adamuz y Urda.

El funcionario comunicó su dimisión de manera sorpresiva en los últimos minutos de su intervención ante la Diputación Permanente del Congreso, luego de ser convocado a dar explicaciones por los siniestros que conmocionaron a la sociedad española. "Un ministro de Transportes de un país como España no puede seguir después de dos accidentes en menos de un año", expresó Puente al justificar su salida tras una extensa sesión parlamentaria de cuatro horas.

La salida del funcionario representa un giro absoluto en la postura que había sostenido desde el último accidente, periodo en el cual había rechazado abandonar el Ministerio argumentando que su deber era esclarecer los hechos y adoptar medidas preventivas. Incluso, había puesto su continuidad a disposición del presidente Pedro Sánchez, quien inicialmente le había brindado su respaldo político y le había solicitado que permaneciera al frente de la cartera ministerial.

Las claves de una dimisión histórica en el Congreso

Sin embargo, el recrudecimiento de las críticas por parte de la oposición y las crecientes presiones sociales terminaron por dinamitar su permanencia en el gabinete. Durante su discurso, el exministro confesó que la determinación la había tomado en los instantes posteriores a la tragedia, comunicándosela primero a su entorno familiar más íntimo como una cuestión de estricta dignidad política, coherencia y empatía.

La dimisión se desencadenó fundamentalmente tras el trágico accidente de Urda, ocurrido el 28 de octubre en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla, donde un tren AVE impactó contra una formación de Iryo provocando 69 fallecidos y más de 200 heridos. Dicho siniestro se sumó al acontecido apenas nueve meses antes en la localidad cordobesa de Adamuz, que dejó un saldo trágico de 45 muertos.

Con esta renuncia imprevista, el Ejecutivo español se enfrenta ahora a una nueva y compleja crisis institucional que exigirá definir un sucesor inmediato para el Ministerio de Transportes, mientras continúan las investigaciones judiciales y técnicas para esclarecer las responsabilidades en la red ferroviaria.