El régimen venezolano promulgó una profunda reforma eléctrica que permite la participación privada y otorga concesiones por hasta 25 años en medio de una crisis histórica de apagones.
La medida fue firmada el pasado 20 de noviembre por la funcionaria Delcy Rodríguez y representa un giro drástico en la política económica del país caribeño. La reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico habilita formalmente a compañías privadas a intervenir en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.
Esta apertura se alinea directamente con los objetivos de la administración de Donald Trump, la cual promueve la participación de empresas estadounidenses y extranjeras en sectores estratégicos que hasta el momento permanecían bajo estricto control estatal. Además de las concesiones a largo plazo, la nueva normativa incorpora importantes incentivos fiscales y crea la Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico para supervisar a todos los operadores.
Una crisis profunda y un nuevo escenario geopolítico
La transformación del marco regulatorio no constituye un hecho aislado, sino que se suma a modificaciones similares implementadas en las industrias de hidrocarburos y minería. Durante los últimos años, el sistema eléctrico venezolano sufrió un colapso estructural severo, con estimaciones que indican que menos del 40% de la capacidad de generación se encontraba operativa antes de la promulgación de la ley.
Frente a las severas limitaciones financieras del Estado para sostener el servicio, la incorporación de capital privado busca inyectar fondos frescos para revertir más de una década de apagones y falta de mantenimiento crónico. Con el respaldo y la fuerte presión de Washington, el nuevo esquema normativo intentará demostrar su viabilidad para atraer inversiones extranjeras de largo plazo en el escenario posterior al régimen de Nicolás Maduro.