El gobernador Raúl Jalil analizó junto a su gabinete y legisladores la propuesta de la Nación para eliminar el Impuesto a los Sellos, a cambio de una compensación del cincuenta por ciento de los fondos para distritos adheridos al RIGI.

Tras anticiparlo públicamente, el mandatario provincial mantuvo una cumbre estratégica con el vicegobernador Rubén Dusso, el ministro de Hacienda Juan Marchetti y referentes parlamentarios para debatir la viabilidad de la medida de cara al próximo ejercicio fiscal. La iniciativa nacional, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo, busca eliminar un gravamen calificado como nocivo, condicionando el auxilio financiero a aquellas jurisdicciones que ya cumplimentaron los requisitos de adhesión al régimen de incentivos.

En el plano local, Catamarca ya había reducido a tasa cero casi todas las operaciones en 2024, manteniendo los tributos vigentes únicamente en sectores específicos y estratégicos como automotores, construcción, proveedores del Estado y la actividad minera. De acuerdo con los registros oficiales, hasta la primera semana de noviembre la recaudación por este concepto alcanzó los $7.691.436.126,18, proyectándose hacia finales de año cerca de los nueve mil millones de pesos, lo que dejaría un costo fiscal considerable que la administración central debería mitigar.

Reforma fiscal en debate y la presión del sector comercial

La discusión forma parte de los ejes preliminares para el Presupuesto, cuyo plazo de presentación vence a fines de noviembre, abriendo además la puerta a un posible llamado a sesiones extraordinarias en la Legislatura. Paralelamente, el Ejecutivo avanzará en encuentros con la Unión Industrial para rubricar la eliminación de Ingresos Brutos al sector, cumpliendo con el entendimiento rubricado tras la llegada de la Zona Franca a territorio provincial.

Esta última decisión desató inmediatas reacciones en el ámbito mercantil local. Representantes de la Unión Comercial de Catamarca y la Federación Económica anticiparon la presentación de un proyecto propio de reforma tributaria que incluye la reducción de Ingresos Brutos, exenciones inmobiliarias para producción y depósitos, y la supresión definitiva de sellos para diversificar el alivio fiscal en toda la economía regional.