La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Catamarca ratificó un paro de colectivos por 48 horas que comenzará a las 00:00 de este jueves, tras no registrar avances en el reclamo por diferencias salariales que involucra a dos empresas del sector.
La medida de fuerza afectará de manera exclusiva a los servicios prestados por las empresas GM y La Rubí. El conflicto se desató a raíz del incumplimiento en el pago de las diferencias correspondientes al concepto de viáticos de los meses de agosto y septiembre, montos que ya se encuentran contemplados en un acuerdo salarial debidamente homologado por las autoridades competentes.
En declaraciones periodísticas, el dirigente gremial Roque Chanquía confirmó que la decisión se mantiene firme ante la falta de respuestas favorables. Hasta el momento no existen novedades y la medida dispuesta a partir de las cero horas continúa en vigencia, mientras los trabajadores aguardan una propuesta formal que destrabe la situación en las próximas horas.
Reclamo gremial y postura empresarial
Desde el sector sindical cuestionaron duramente la postura adoptada por ambas firmas, remarcando que el resto de las empresas de transporte de la provincia cumple en tiempo y forma con las condiciones establecidas en el convenio. Según explicó Chanquía, las compañías involucradas fueron debidamente notificadas, pero argumentaron que no reconocerán los montos reclamados al considerar que no se corresponden con lo pactado previamente.
Pese al panorama adverso, desde el sindicato aclararon que todavía existe margen para destrabar el conflicto si los empresarios regularizan los pagos adeudados o presentan un compromiso serio de cancelación. El dirigente subrayó que las sumas reclamadas no representan cifras millonarias, pero resultan fundamentales para el sustento diario de los trabajadores afectados por la falta de liquidación.
Por último, se confirmó que la Secretaría de Transporte de la provincia fue debidamente notificada sobre la medida de fuerza, aunque desde el gremio recordaron que se trata de una controversia de índole privado que debe resolverse directamente entre las empresas y sus planteles de empleados antes de que se cumpla el plazo establecido para el inicio del cese de actividades.
