La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el Juzgado de Minas de Salta sea el encargado de tramitar el expediente en el marco de un fuerte conflicto limítrofe y minero entre dos empresas privadas.
La disputa judicial se originó a partir de los permisos de exploración otorgados en una zona de litigio entre ambas provincias. La firma Lithium S Corporation denunció a Marhem Lithium por realizar trabajos de perforación sin autorización dentro de su concesión denominada Tabariogrande, ubicada en territorio salteño según sus antecedentes.
Ante esta situación, el tribunal salteño hizo lugar al planteo inicial, ordenó la suspensión inmediata de las tareas y exigió el retiro de equipos e instalaciones en un plazo de treinta días. Por su parte, la contraparte sostuvo que operaba legítimamente sobre las minas Tati, Tati I y Tati II, avalada por los permisos concedidos por el Ministerio de Minería de Catamarca en el departamento Antofagasta de la Sierra.
La intervención del máximo tribunal y el reclamo político
El choque de competencias entre los tribunales de ambas jurisdicciones derivó el expediente hacia la Corte Suprema, que con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti determinó que la causa continúe en Salta por haber intervenido primero en la denuncia.
El fallo aclaró que la medida no define la titularidad de los derechos ni resuelve los límites territoriales, una atribución que recae exclusivamente en el Congreso Nacional. Sin embargo, la resolución generó fuerte repercusión institucional tras las declaraciones de la ex diputada Silvana Carrizo, referente de la fuerza GENERAR.
La dirigente cuestionó duramente la inacción del Ejecutivo provincial al advertir que Catamarca no se presentó en el expediente para defender los títulos mineros que ella misma otorgó. En esa línea, remarcó que la protección de los recursos provinciales no puede quedar sujeta a los intereses exclusivos de las empresas privadas involucradas en la litis.