El diputado provincial Javier Galán presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar frenar su desafuero en el marco de una causa por abuso sexual y peculado.

Asesorado por su abogado Leonardo Berber, el legislador del MID atacó el rechazo al recurso de casación que previamente había dispuesto la Corte de Catamarca en relación con la caducidad de la investigación primaria. Esta nueva maniobra legal busca dilatar la definición sobre si corresponde o no quitarle los fueros parlamentarios, un paso indispensable para que avance la causa penal.

Todo el expediente se remonta a la denuncia presentada en abril de este año por abuso sexual y peculado de servicios. En junio, la defensa de Galán exigió la extinción de la acción penal argumentando que se habían cumplido los dos meses de plazo que fija el artículo número 20 del Código Procesal Penal para personas con fueros. Sin embargo, el juez de Garantías Marcelo Sago rechazó el planteo al advertir que no existió inacción judicial y que las demoras fueron provocadas por las propias presentaciones del imputado, criterio que luego ratificó la Cámara de Apelaciones.

La disputa por los plazos procesales y la intervención federal

Tras aquellos rechazos, la Cámara de Apelaciones declaró de oficio la inconstitucionalidad de dicho artículo en lo atinente al plazo de caducidad para este caso concreto. Ante esto, la defensa interpuso un recurso de casación que la Sala Penal de la Corte provincial declaró formalmente inadmisible, al considerar que la resolución no ponía fin al proceso ni impedía su continuación.

Ahora, el letrado Leonardo Berber argumenta ante el máximo tribunal del país que la postura de la justicia provincial incurre en un exceso ritual manifiesto y arbitrariedad. Sostiene que se violan la garantía de defensa en juicio, el debido proceso y la regla del doble conforme, advirtiendo que convalidar una investigación atemporal afecta de manera directa el normal desarrollo de la función legislativa.

En paralelo, la situación procesal del diputado continúa acumulando fojas. El pasado 22 de octubre, la defensa presentó un segundo recurso de casación contra otra resolución de la Cámara que había confirmado el pedido de desafuero por el presunto delito de peculado de trabajos y servicios, tras una denuncia formulada por el empleado Iván Luna Avellaneda, manteniendo abierta una compleja trama judicial que ahora deberá resolver la Justicia federal.