El juicio contra el exintendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, continuó este martes con testimonios clave que complican su situación judicial en el Juzgado Correccional N° 1.
Durante la audiencia, que es subrogada por el juez Diego Roberto Chaile Costilla en reemplazo del titular Marcelo Forner, se vivieron momentos de tensión procesal. La damnificada Shirli Cordero, comerciante de Bañado de Ovanta, solicitó declarar de manera remota a través de su abogada querellante Natalia Páez Vaca. Tras un cuarto intermedio, el magistrado aprobó la conexión digital, pero inconvenientes técnicos impidieron que se concretara, por lo que el jueves se definirá si prestará testimonio de forma presencial o a distancia.
En la misma jornada brindó su testimonio un hombre de apellido Rodríguez, quien se desempeñaba como cobrador de impuestos al momento de los hechos. Según informaron fuentes judiciales, el testigo confirmó ante el tribunal que la comerciante efectivamente intentó abonar la habilitación de su comercio antes de que se concretara la clausura, pero el entonces jefe comunal lo impidió. A su turno, la madre de la denunciante profundizó en el conflicto y brindó detalles sobre cómo Elpidio Guaraz habría ordenado la medida de fuerza tras ser rechazado en sus propuestas amorosas.
Nuevos defensores y planteos rechazados
La semana pasada, la estrategia legal del exintendente sufrió modificaciones tras la asunción de los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros en reemplazo del letrado Luciano Rojas. Los nuevos representantes legales cuestionaron las pericias realizadas sobre el teléfono celular de la denunciante, argumentando que no se cumplieron los protocolos correspondientes y que se vulneraron los derechos constitucionales de su defendido.
Bajo estos argumentos, la defensa solicitó formalmente la nulidad de las pericias tecnológicas, de la imputación inicial y del decreto de elevación a juicio. Sin embargo, tras un cuarto intermedio de tres días, el juez Diego Roberto Chaile Costilla desestimó todos los planteos y el debate oral y público continúa su curso previsto.
