El diputado provincial Mamerto Acuña presentó un paquete de cinco proyectos de ley bajo el plan integral Que se quede en Catamarca, exigiendo que las inversiones mineras millonarias derramen empleo y contratos genuinos en el territorio provincial.
Durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, tomaron estado parlamentario cinco iniciativas legislativas impulsadas por el legislador Mamerto Acuña. El plan surge en un contexto de expansión de inversiones sin precedentes, destacando que seis proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones representan más de 4.700 millones de dólares atribuibles a la provincia, aunque advierten que el volumen anunciado no garantiza por sí mismo el desarrollo local.
El núcleo de la propuesta es el Régimen Provincial de Proveedores y Empleo Minero Catamarqueño, que busca dar fuerza de ley al Registro de Proveedores y exige que las compañías mineras contraten al menos el 70 por ciento de sus obras, bienes y servicios con proveedores inscriptos. Asimismo, se establecen exigencias rigurosas para definir a una empresa como catamarqueña y se fija la obligatoriedad de integrar los planteles con un 70 por ciento de trabajadores locales, contemplando sanciones económicas severas para los incumplimientos.
Financiamiento y desarrollo para las pymes locales
La segunda y tercera iniciativa apuntan directamente a fortalecer el tejido empresarial interno mediante el Programa Provincial de Desarrollo de Proveedores Mineros. Este programa contempla aportes no reintegrables de hasta el 70 por ciento para certificaciones de calidad, líneas de crédito con tasas bonificadas y capacitación técnica en conjunto con la Universidad Nacional de Catamarca, financiados mediante una asignación equivalente al 3 por ciento de las regalías provinciales.
Finalmente, el paquete legislativo se completa con la creación de una Ronda Anual de Negocios Minera para vincular de manera directa a las grandes operadoras con los oferentes regionales, y con medidas orientadas a garantizar la máxima transparencia institucional a través de tableros públicos de datos y un estricto control legislativo sobre toda la actividad del sector en el territorio provincial.
