El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia a la jefatura del Estado en medio de una profunda crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, entidad que dejó a millones de ciudadanos sin acceso a sus ahorros.
A través de un mensaje grabado, Santiago Peña justificó su dimisión apelando a la estabilidad del país y a la paz social. El mandatario pidió disculpas a la población y enfatizó que su prioridad es la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus depósitos en el sistema financiero. Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República, sentenció el dirigente en su discurso de despedida.
La decisión se precipitó tras dos jornadas de intensas protestas en Asunción, donde miles de manifestantes exigieron la devolución de sus fondos y la salida inmediata del gobierno. La situación se tornó crítica luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera la entidad bancaria por graves problemas de solvencia, afectando a cerca de tres millones de personas, lo que representa casi la mitad de la población nacional.
Un escenario institucional incierto
El escándalo financiero también provocó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y la detención de ocho directivos de la entidad, incluyendo a su presidente, Miguel Vázquez. En paralelo, la Cámara de Diputados avanzaba con un pedido de juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, bajo acusaciones de mal desempeño y presuntos conflictos de intereses.
La oposición sostiene que el mandatario mantuvo vínculos comerciales con el grupo empresarial que controlaba el banco, cuestionando además las decisiones regulatorias del Ejecutivo. Santiago Peña, quien había asumido el cargo en agosto de 2023 con mandato hasta 2028, se desvinculó de las acciones del grupo en 2025, pero las sospechas sobre el destino de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad aceleraron su caída.
Ahora, el país deberá resolver la sucesión presidencial conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, en un clima de alta tensión social y desconfianza en las instituciones. La prioridad inmediata del Estado, según lo expresado por el saliente presidente, será garantizar la operatividad del Fondo de Garantía de Depósitos para intentar contener el impacto sobre las familias paraguayas.