El Gobierno nacional oficializó la suspensión de casi 22.000 Pensiones No Contributivas tras la caída de una medida cautelar y fijó un plazo estricto para solicitar la rehabilitación.

La Secretaría Nacional de Discapacidad avanzó con la suspensión de 21.812 Pensiones No Contributivas luego de que quedara sin efecto una medida cautelar judicial que las había mantenido reactivadas. El conflicto se originó tras la derogación de distintas resoluciones heredadas de la ex ANDIS, afectando a un padrón ampliado que había quedado bajo protección judicial en septiembre de 2025, cuando el Juzgado Federal de Catamarca N° 2 frenó las auditorías iniciales.

El escenario cambió de manera drástica en febrero de 2026, cuando un fallo de la Cámara Federal de Tucumán revocó la cautelar y habilitó al Ejecutivo a retomar las inspecciones. A partir de esta resolución, el Ministerio de Salud reactivó las bajas y las tareas de fiscalización focalizada, dejando a miles de titulares sin poder cobrar sus haberes habituales hasta tanto logren regularizar su situación administrativa.

Plazos y exigencias para la rehabilitación

Ante este panorama, la normativa oficial estableció la apertura de un período de reclamo extraordinario de 60 días corridos a partir de la publicación de la Resolución 3695/2026. Durante esta ventana temporal, los afectados deberán gestionar la reactivación presentando documentación médica actualizada que acredite fehacientemente la condición de invalidez exigida por la normativa vigente.

Esta baja masiva forma parte de una política de recortes y fiscalización impulsada por la Casa Rosada, un proceso que durante el año 2025 acumuló la suspensión de casi 120.000 beneficios en todo el país. Tras una minuciosa depuración entre los expedientes, el Gobierno logró consolidar un recorte que alcanza el 10% del padrón original, el cual superaba el millón de pensiones antes del cambio de administración.

En paralelo a las suspensiones, las prestaciones continuaron actualizándose al ritmo del índice inflacionario, aunque arrastrando un fuerte rezago histórico en sus montos. Los beneficiarios deben cumplir estrictamente con los topes de ingresos vigentes y los requisitos prestacionales para evitar la pérdida definitiva de la asistencia estatal.