La delegación argentina expuso en Hamburgo los fundamentos para exigir la suspensión del proyecto Sea Lion, al advertir que la extracción de hidrocarburos en un área cuya soberanía está en disputa provocaría un daño irreversible.

La Argentina llevó su reclamo formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en la ciudad alemana de Hamburgo, para frenar la explotación petrolera británica en las Malvinas. En la primera jornada de audiencias, la delegación nacional concentró su exposición en dos argumentos centrales: el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente sobre los recursos naturales de un territorio cuya soberanía está en disputa y la extracción de petróleo provocaría un daño que ninguna resolución judicial posterior podría reparar.

Lo que está en juego no puede ser restituido ya que los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva, sostuvo el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, al explicar por qué el país considera urgente la adopción de medidas provisionales para frenar el proyecto impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

El planteo apunta a preservar los derechos soberanos sobre la plataforma continental y a prevenir un desastre ambiental. La delegación advirtió que el propio plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de treinta días, obligando al país a coordinar una respuesta ante una actividad ilegal no autorizada.

La respuesta británica y el equipo legal

Tras la exposición matutina de la representación nacional, el turno por la tarde quedó reservado para la delegación del Reino Unido, que buscará que el tribunal rechace el pedido argentino. Las audiencias continuarán con nuevas intervenciones de ambas partes en este litigio histórico que mantiene vivo el reclamo de soberanía reconocido por las Naciones Unidas desde el año 1965 a través de la Resolución 2065.

La delegación argentina cuenta con funcionarios de distintas áreas del Gobierno y destacados especialistas internacionales en derecho internacional, como el profesor Marcelo Kohen y Nico Schrijver, quienes profundizaron sobre la urgencia de la intervención judicial y la protección del medio marino frente a la pretensión británica de disponer unilateralmente de recursos naturales pertenecientes a un territorio en litigio.