Un nuevo relevamiento oficial presentado en el Congreso expone que la provincia registra una de las tasas de morosidad empresarial más altas de toda la Argentina, en medio de un desplome generalizado del consumo.
La caída de los ingresos, el retroceso del poder adquisitivo y el incremento constante de los costos operativos están generando un impacto devastador sobre la actividad comercial y productiva en el territorio nacional. En ese crítico escenario, Chaco presenta uno de los indicadores más preocupantes al alcanzar el 12,3% de morosidad empresarial, ubicándose únicamente por detrás de Santiago del Estero con el 13,3% y superando de manera significativa el promedio general de todo el país.
La alarmante situación quedó al descubierto durante la presentación oficial del nuevo Mapa de la Deuda de las Empresas llevada a cabo en el Senado de la Nación. Esta herramienta analítica fue desarrollada en forma conjunta por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), utilizando como base los registros oficiales aportados por la Central de Deudores del Banco Central.
Un modelo que destruye a la producción y al empleo
Del encuentro participaron destacados legisladores y referentes sectoriales, entre ellos el senador Jorge Capitanich como presidente de la Comisión de Economías Regionales, acompañado por sus pares Mariano Recalde y Alicia Kirchner, además de la economista Delfina Rossi, directora del CEC. Durante su exposición, Capitanich fue terminante al señalar que “este modelo destruye a las familias y a las PyMEs”, advirtiendo sobre una peligrosa combinación entre tarifazos, inflación en alimentos y medicamentos, y un endeudamiento hogareño descontrolado.
Por su parte, Delfina Rossi aportó datos estructurales devastadores al señalar que la mora de las familias se encuentra en su nivel más alto desde el año 2010, mientras que la industria nacional acumula ya ocho meses operando por debajo del 60% de su capacidad instalada. El informe detalla además que las microempresas sufren un 17% de mora, 645.000 monotributistas y autónomos arrastran atrasos superiores a los noventa días, y que el problema afecta transversalmente a múltiples economías regionales que exigen medidas urgentes de salvataje.
