El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó al exfiscal federal Juan Carlos Yannello a veinticinco años de prisión por su responsabilidad en setenta y ocho hechos de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

La sentencia se dictó luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revisara la condena que Juan Carlos Yannello había recibido en el año 2023, cuando fue sentenciado a prisión perpetua. La Sala III de Casación modificó la calificación legal de su conducta y dispuso que debía responder por el delito de encubrimiento, ordenando el reenvío de las actuaciones para determinar la pena correspondiente en un proceso donde intervino la Oficina de Derechos Humanos de Mendoza.

El juez Alberto Carelli y las juezas Paula Marisi y Gretel Diamante hicieron lugar al planteo del fiscal federal Dante Vega y de los auxiliares fiscales Andrés Rousset y Carola Torresan, quienes habían solicitado la pena máxima prevista para la calificación legal establecida por Casación. Según se detalló durante las audiencias, los hechos están vinculados con homicidios agravados, tormentos agravados contra detenidos políticos, privaciones ilegítimas de la libertad, violaciones, abusos sexuales y robos.

Un rol central para garantizar la impunidad

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el exfuncionario tuvo un papel fundamental en el funcionamiento de un sistema que garantizó la impunidad de los responsables de los crímenes que, por su propia función, estaba obligado a investigar. Los antecedentes se remontan a la denominada Megacausa III, donde se acumularon investigaciones por hechos que afectaron a noventa y seis personas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas.

La defensa había solicitado la prescripción de la acción penal tras el cambio de calificación, pero el tribunal ratificó que el encubrimiento mantiene el carácter de imprescriptible por haberse cometido en un contexto generalizado y sistemático. Al fundamentar el pedido de veinticinco años de prisión, el fiscal Dante Vega destacó la gravedad de la conducta desplegada desde su cargo y la posición institucional que ocupaba, recordando que la impunidad garantizada resultó indispensable para la ejecución del plan represivo implementado en la provincia.