Un informe privado reveló que el 47,2 por ciento de los hogares argentinos debió implementar estrategias de emergencia para complementar sus ingresos durante la crisis.

La aceleración inflacionaria y el desplome del poder adquisitivo continúan golpeando con fuerza la economía cotidiana de millones de familias en todo el país. Según un detallado relevamiento elaborado por el Instituto Argentina Grande, la situación llegó a un punto crítico donde los ingresos formales ya no alcanzan para cubrir los gastos esenciales del mes.

El dato más alarmante del estudio indica que el 10,8 por ciento de los hogares se vio en la obligación directa de vender sus propias pertenencias para poder comer o pagar servicios básicos. Esta cifra representa el segundo registro más alto de toda la serie estadística histórica, ubicándose únicamente por debajo del pico alcanzado durante el cuarto trimestre del año 2020 en plena pandemia.

Además de la desinversión en bienes personales, el informe advierte sobre un incremento exponencial en el endeudamiento informal con familiares y conocidos. Esta práctica refleja cómo se agotaron por completo los ahorros previos y la capacidad de financiación tradicional de la clase trabajadora.

El impacto devastador en los sectores pasivos

La situación de vulnerabilidad se ensaña con los sectores de menores recursos, marcando un drama particular en el segmento de los adultos mayores. De acuerdo con las cifras oficiales procesadas por el centro de estudios, la proporción de hogares encabezados por jubilados que debieron desprenderse de sus bienes personales se duplicó en el último año.

El relevamiento pone de manifiesto que más de 4.800.000 hogares debieron desplegar al menos una alternativa de supervivencia tras el paso de la inflación y el tarifazo en los servicios públicos. Los especialistas advierten que este fenómeno expone un agotamiento absoluto de los colchones financieros familiares, dejando a la población sin margen de maniobra ante futuros cimbronazos económicos.