La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó una denuncia penal contra la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y directivos empresariales por habilitar beneficios al proyecto Southern Energy.
Un nuevo frente judicial sacude al Gobierno en el sector energético. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el organismo especializado del Ministerio Público Fiscal para investigar hechos de corrupción, denunció penalmente a María del Carmen Tettamanti y a representantes de la empresa británica Harbour Energy por la habilitación de beneficios en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
La presentación quedó formalmente radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita. Entre los delitos mencionados figuran abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, tras comprobarse la participación de la compañía extranjera en un consorcio estratégico.
El núcleo de la acusación gira en torno a la presencia de Harbour Energy en Southern Energy, el consorcio que impulsa un ambicioso proyecto de exportación de gas natural licuado y que fue incorporado al RIGI. La firma británica posee el 15 por ciento de esa iniciativa junto a gigantes como YPF, Pan American Energy, Pampa Energía y Golar.
Los antecedentes y la disputa jurídica
Según sostiene la fiscalía, la participación de la empresa debió ser rechazada debido a que es continuadora de Premier Oil, una compañía sancionada por el Estado argentino en 2013 por realizar actividades hidrocarburíferas no autorizadas en las áreas marítimas de las Islas Malvinas, infringiendo directamente la Ley 26.659.
Desde el entorno de María del Carmen Tettamanti y los voceros de Harbour Energy rechazaron categóricamente los cargos. Sostienen que la firma opera bajo el marco legal vigente y aclararon públicamente que no poseen ningún interés comercial actual ni futuro vinculado al yacimiento Sea Lion en el archipiélago.
Sin embargo, la PIA ratificó que las autoridades contaban con información suficiente sobre la continuidad empresarial y la inhabilitación vigente, permitiendo aun así su inserción en negocios clave dentro de Vaca Muerta y la Cuenca Marina Austral.