La Cámara de Senadores de Paraguay aprobó por unanimidad el juicio político contra Santiago Peña y lo destituyó de la Presidencia en medio de un escándalo por un desfalco multimillonario.

La Cámara de Senadores de Paraguay aprobó el juicio político contra Santiago Peña y lo destituyó de la Presidencia del país por unanimidad, con 44 votos a favor. El mandatario se ausentó de la sesión, se mantuvo activo en redes sociales y envió en su lugar a sus abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro. En las inmediaciones del Congreso paraguayo se registra una multitudinaria manifestación ciudadana mientras se aguarda la asunción del vicepresidente Pedro Alliana como nueva máxima autoridad política.

La histórica sesión se concretó luego de que la Cámara de Diputados aprobara también por unanimidad la destitución con 78 votos y tras el rechazo categórico a la prórroga solicitada por el propio Peña. Durante el debate, los legisladores rechazaron los argumentos de la defensa técnica, que intentó alegar la violación del debido proceso y solicitó la aceptación de una renuncia formal para preservar los fueros del expresidente y su condición de senador vitalicio.

Un desfalco millonario y vínculos con la banca

En la presentación del alegato final, la fiscal acusadora Rocío Vallejo expuso un presunto vínculo comercial entre el destituido mandatario y el Grupo Vázquez, además de detallar maniobras en el Instituto de Previsión Social para direccionar fondos públicos hacia ueno bank. La causa expone un escandaloso desfalco que involucra los ahorros de 3 millones de paraguayos y 800 millones de dólares de fondos públicos, agravando aún más la crisis institucional.

Ante la inminente destitución, Santiago Peña optó por no concurrir al recinto y utilizó su cuenta oficial en la red social X para comunicar su salida. "Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay", expresó en un mensaje digital, mientras su gabinete sufría dimisiones en cadena, incluyendo las salidas del jefe de Gabinete Javier Giménez, el asesor jurídico Roberto Moreno y el ministro del Interior Enrique Riera.