El gobierno de Javier Milei modificó por decreto la ley de Compre Nacional, permitiendo que empresas extranjeras compitan en igualdad de condiciones por el cupo del 20 por ciento en grandes inversiones.
A través del decreto 1366/2026 publicado en el Boletín Oficial, la administración de La Libertad Avanza introdujo cambios profundos en los criterios reglamentarios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, regulado originalmente por la Ley Bases.
La normativa anterior establecía que los proyectos adheridos debían comprometer la contratación de proveedores locales por un mínimo del 20 por ciento del monto de inversión, exigiendo radicación y control societario local. Sin embargo, con el nuevo esquema, el requisito fue reemplazado por un criterio exclusivo de domicilio fiscal en el país, habilitando a cualquier compañía extranjera radicada a calificar formalmente.
Un duro revés para la industria y el reclamo de la UIA
Esta flexibilización otorga una ventaja competitiva al capital internacional dentro del mercado interno. A partir de ahora, firmas con patrimonio extranjero que operen en el territorio nacional podrán computar para el cupo obligatorio, lo que significa que el porcentaje exigido ya no garantiza un beneficio prioritario para las pymes y empresas de capitales argentinos.
La decisión oficial choca de frente con los planteos realizados por la Unión Industrial Argentina, desde donde habían solicitado ampliar la exigencia del compre nacional para bienes con valor agregado local con el objetivo de proteger al sector productivo ante un modelo económico adverso.
Desde la entidad fabril habían advertido en reiteradas oportunidades que, frente a los regímenes de excepción para atraer inversiones, el verdadero desafío consistía en mejorar las condiciones operativas de todo el entramado industrial argentino sin diluir los beneficios para los proveedores nacionales.