Durante la séptima audiencia del juicio oral por la brutal violencia policial en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, un efectivo defendió los golpes propinados a una de las víctimas dentro de su propia casa.
El proceso judicial que investiga los graves hechos ocurridos en mayo de 2020 contra dos familias del pueblo Qom sumó un capítulo de alta tensión institucional. En la última audiencia desarrollada en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, el oficial auxiliar Jorge Daniel Fernández declaró como testigo y calificó como correcta la paliza que sufrió Alejandro Delio Saravia en el marco de un allanamiento ejecutado sin orden judicial.
Durante la exhibición de registros audiovisuales que captaron las brutales agresiones, el efectivo intentó desligarse inicialmente con el argumento de no haber participado del procedimiento. Sin embargo, ante la insistencia de la jueza Dolly Fernández para que emita una valoración sobre las imágenes, terminó avalando los golpes de puño que los uniformados le propinaron a la víctima dentro de su domicilio particular.
Contradicciones expuestas y más policías identificados
La declaración de Fernández dejó al descubierto múltiples contradicciones en comparación con los dichos que había aportado en octubre de 2020 ante el Órgano de Control Institucional. En aquel entonces, el agente había reconocido la existencia de personas lesionadas y otros abusos, aunque en el debate oral intentó argumentar que fue obligado a declarar, un planteo que fue rápidamente rebatido por la magistrada y la fiscalía en base a la Ley Orgánica Policial.
Asimismo, el testimonio permitió formalizar la identificación de otros efectivos que formaron parte del operativo desplegado por la Comisaría Tercera de Fontana, entre los que se nombró a Latorre, Benítez, Lucena, Foschiatti y Sofía González. Los querellantes y representantes del Comité para la Prevención de la Tortura insistieron en reconstruir las responsabilidades funcionales y el protocolo de actuación en una causa que continúa exponiendo graves delitos de violencia institucional.