El gobernador Ignacio Torres encabeza una comitiva oficial en Buenos Aires para negociar las condiciones de la futura concesión de la Hidroeléctrica Futaleufú, buscando garantizar beneficios directos para la provincia.
La delegación chubutense, integrada también por el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y el secretario general de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González, busca incidir de manera determinante en el nuevo esquema operativo. Tras la decisión del Gobierno nacional de prorrogar la operación actual hasta el 30 de abril de 2027, el debate de fondo se centra en quién manejará el complejo y qué compensaciones recibirá Chubut por el uso de sus recursos hídricos estratégicos.
Con una potencia instalada de 560 megavatios, la central es un activo fundamental. Su funcionamiento está intrínsecamente ligado al desarrollo industrial, siendo el principal proveedor de energía para Aluar. La intención de la administración provincial es que la nueva licitación no solo mantenga la participación de la provincia en la estructura empresaria, sino que traduzca esa presencia en costos energéticos más competitivos y beneficios económicos tangibles para el territorio.
Un frente unido por la soberanía energética
La presencia conjunta de referentes políticos y sindicales en la Capital Federal demuestra la importancia de esta negociación. El planteo de Torres es claro: la provincia no aceptará ser un espectador pasivo mientras se definen los pliegos de una concesión que afecta directamente su entramado productivo. La participación de Luz y Fuerza añade una capa de protección a los derechos laborales de los operarios del complejo, asegurando que la transición hacia el nuevo modelo no afecte la estabilidad del sector.
La Secretaría de Energía de la Nación será la encargada de elaborar los pliegos y convocar a la licitación. Ante este escenario, Chubut busca ganar protagonismo para que los beneficios de la generación eléctrica queden, en mayor medida, dentro del territorio provincial. El desafío político es mayúsculo, ya que se trata de redefinir el peso de la provincia en la administración de un recurso que es motor del desarrollo regional y nacional.
