El proyecto Laguna Salada encendió la polémica en la provincia tras la presentación de una estimación de más de 55 millones de toneladas de material mineralizado.

La empresa canadiense Jaguar Uranium volvió a colocar a la minería en el centro de la agenda pública tras presentar una estimación de recursos minerales para el proyecto Laguna Salada, ubicado en el departamento Mártires, en plena Meseta Central de Chubut. El informe detalla un volumen de 55,1 millones de toneladas de material mineralizado con uranio y vanadio, un anuncio que reavivó la controversia debido a la modalidad de extracción contemplada por la compañía: la explotación a cielo abierto.

Desde el plano técnico, especialistas aclaran que la cifra corresponde al volumen total de roca mineralizada y no a metal puro, y que el yacimiento aún debe demostrar su viabilidad económica y técnica. Sin embargo, el principal escollo para la iniciativa no es financiero, sino normativo, ya que choca de manera directa con las restricciones vigentes en el territorio chubutense.

El obstáculo de la Ley 5001 y las restricciones

La propuesta de extraer minerales a cielo abierto colisiona con la Ley XVII N.º 68, conocida históricamente como la Ley 5001, que prohíbe explícitamente la minería metalífera bajo esa modalidad y el uso de cianuro en toda la provincia. Ante este panorama, cualquier avance comercial deberá sortear un complejo entramado regulatorio, mientras que las alternativas técnicas de extracción enfrentan serias dudas sobre su aplicación hidrogeológica.

En paralelo a la discusión de fondo, la compañía continúa consolidando su presencia en la región. Jaguar Uranium obtuvo aprobaciones ambientales para avanzar con tareas exploratorias que incluyen calicatas, trincheras y perforaciones con un presupuesto estimado de casi 2 millones de dólares en seis propiedades del prospecto La Rosada, abarcando cerca de 60.000 hectáreas, además de sumar progresos en el área Guanaco.

No obstante, las autoridades provinciales aclaran con firmeza que se trata estrictamente de permisos de exploración y que de ninguna manera habilitan una fase de explotación comercial. El futuro de Laguna Salada se debate ahora entre las expectativas de inversión privada y los estrictos recaudos ambientales que marcan el pulso legal en el distrito.