Con 42 votos a favor y 26 en contra, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, habilitando desalojos exprés y recortando las expropiaciones estatales.
La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza obtuvo luz verde este jueves en la Cámara Alta gracias al respaldo de bloques dialoguistas y provinciales como la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones. En la vereda opuesta, el rechazo provino del bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social, marcando un debate de alta tensión política.
Para lograr la sanción definitiva, el oficialismo debió aceptar importantes concesiones en su agenda original. En el tramo legislativo previo se habían eliminado los cambios a la Ley de Manejo del Fuego y, posteriormente, se terminó restituyendo la histórica Ley de Tierras Rurales. De esta manera, continúan vigentes los límites de hasta el 30% de titularidad extranjera a nivel nacional y provincial, además del tope de 1.000 hectáreas para inversores foráneos en zonas núcleo y áreas de frontera.
Claves de los desalojos y restricciones estatales
Uno de los ejes centrales de la flamante normativa es la agilización de los procesos para recuperar inmuebles usurpados mediante un mecanismo de desalojo exprés. Si el propietario presenta documentación fehaciente que acredite su titularidad y ofrece cauciónería juratoria, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del terreno o vivienda en un plazo máximo de 72 horas. Sin embargo, las autoridades aclararon que los conflictos por alquileres impagos quedaron excluidos de esta vía rápida, requiriendo los canales legales habituales.
Asimismo, la flamante ley impone severas restricciones a las expropiaciones por parte del Estado, obligando a que toda declaración de utilidad pública sea interpretada de forma restrictiva y debidamente fundamentada. En estos procesos, las indemnizaciones por lucro cesante tendrán un tope del 30% y los intereses se calcularán combinando el Índice de Precios al Consumidor con la tasa del Banco Nación. Por último, se reformó la Ley Pierri para facilitar que familias con diez años de posesión pública accedan a la escritura de su vivienda única.