La Justicia federal sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en una de las causas por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 8, aceptó este viernes el pedido de sobreseimiento presentado por el fiscal Eduardo Taiano al determinar que los hechos investigados no configuran delitos penales. La resolución de 60 páginas también alcanza a otros nueve involucrados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis, todos vinculados al proyecto que cobró notoriedad tras una publicación del mandatario en la red social X en febrero de 2025.

El origen de la causa se remonta a la masiva repercusión que tuvo el activo digital tras el mensaje presidencial. De acuerdo con el expediente, el valor del token pasó de aproximadamente 0,01 dólares a cerca de 5 dólares antes de sufrir una caída estrepitosa. Los denunciantes sostuvieron en su momento que determinadas billeteras digitales retiraron alrededor de 100 millones de dólares, provocando que más de 40.000 compradores sufrieran graves pérdidas económicas.

Por qué el juez descartó la existencia de una estafa

Uno de los ejes centrales de la resolución judicial fue la imposibilidad de acreditar un engaño penalmente relevante. El magistrado consideró que si bien la publicación del jefe de Estado pudo haber incrementado la confianza de los compradores, esa circunstancia por sí sola no alcanza para demostrar una maniobra delictiva. Para configurar el delito de estafa, la fiscalía debía comprobar el uso de una falsedad concreta que indujera a las personas a realizar operaciones perjudiciales.

Tras meses de pericias digitales, análisis de movimientos financieros en la red Solana, allanamientos y cooperación judicial con Estados Unidos, el fiscal concluyó que no existían pruebas de peso. Además, el fallo incorporó un informe de la Oficina Anticorrupción que determinó que el tuit de Milei no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos del Estado.

Por último, la Justicia determinó que tampoco se pudieron acreditar los delitos de abuso de autoridad ni negociaciones incompatibles con la función pública, al no hallarse documentación oficial ni acuerdos confidenciales entre el mandatario y los creadores del proyecto. No obstante, el fallo todavía puede ser recurrido y su alcance se limita exclusivamente a este expediente.