El Ministerio Público del Trabajo de Brasil presentó una demanda judicial contra la multinacional Meta para exigirle que retire de inmediato publicaciones que incentivan a empresarios a vigilar, exponer y despedir trabajadores por sus preferencias políticas.
La acción legal fue presentada ante el Tribunal Regional del Trabajo de la Segunda Región y abarca a las plataformas Instagram, Facebook y Threads. En el escrito, los fiscales federales solicitan una indemnización de 50 millones de reales, equivalentes a unos 9,2 millones de dólares, en concepto de daños morales colectivos debido a la propagación de contenidos lesivos para los derechos laborales.
Los siete fiscales que suscriben la demanda sostienen que la compañía estadounidense es directa responsable de los contenidos difundidos en sus plataformas. Según detallaron, los mecanismos de recomendación algorítmica, como la sección Explorar y los videos sugeridos, amplifican de manera peligrosa la circulación de publicaciones que promueven el acoso electoral en distintos ámbitos productivos de la región.
Acoso laboral tras los comicios
De acuerdo con la investigación oficial, tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diversos perfiles digitales comenzaron a orientar a los empleadores para que investiguen las redes sociales de sus dependientes, descubran su voto y despidan a quienes eligieron a un candidato opositor. Incluso, algunas publicaciones exponen nombres e imágenes de empleados para ridiculizarlos públicamente o celebrar sus cesantías laborales.
Las denuncias por acoso electoral en el ámbito laboral aumentaron más de un 75 por ciento desde el lunes posterior a la segunda vuelta, alcanzando un total de 1.459 casos registrados en todo el territorio brasileño. Los estados con mayor cantidad de expedientes abiertos son San Pablo, Minas Gerais y Paraná. Ante esta situación, el mandatario brasileño volvió a cuestionar el rol de las grandes tecnológicas y reclamó regulaciones estrictas para frenar contenidos que afecten los procesos democráticos, mientras que la primera audiencia judicial fue fijada para el 29 de marzo de 2027.
