La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento contra Leonardo Cositorto y otros integrantes de Generación Zoe por un total de 1.095 estafas cometidas a través de la supuesta firma de educación financiera.
La resolución judicial detalla que los imputados integraron, con distintos niveles de intervención y permanencia, una organización que funcionó al menos entre 2019 y abril de 2022 bajo el nombre de fantasía Organización Zoe. El objetivo principal era la captación masiva de fondos de terceros mediante la promesa de elevadas rentabilidades y retornos económicos imposibles de cumplir en condiciones normales de mercado.
En el dictamen se describe formalmente un esquema piramidal de recaudación de fondos, sustentado en la intervención de múltiples personas con funciones ejecutivas y logísticas que habrían actuado a sabiendas de que los compromisos asumidos con los aportantes jamás se concretarían. La estructura era encabezada directamente por Leonardo Cositorto, secundado por otros implicados señalados como jefes y organizadores.
Un engranaje internacional y un perjuicio multimillonario
La presunta empresa se presentaba falsamente como una entidad próspera y solvente a través de la cual ofrecían cursos de coaching, trading y liderazgo, combinados con alternativas de inversión en criptoactivos, tokens, proyectos inmobiliarios y supuestos respaldos en oro. Para operar con semejante caudal, la red contaba con oficinas distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires, distintos puntos de la provincia homónima y varias provincias del interior, además de ramificaciones en el extranjero como Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Bolivia, México y Guatemala.
El perjuicio económico total atribuido durante el período analizado fue estimado en más de 16 millones de dólares, sumados a más de 4 millones de pesos y 6.500 euros, sin contabilizar numerosos bienes registrables cuyos valores aún restan determinar con exactitud en el expediente.
Finalmente, los magistrados Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi resolvieron revocar 23 sobreseimientos que habían sido dictados previamente por la jueza María Alejandra Alliaud, ordenando profundizar la investigación sobre sus vínculos concretos con la asociación ilícita y el lavado de activos derivados de las maniobras defraudatorias.