El gobierno provincial informó que compensará deudas con el Estado nacional por casi 143 mil millones de pesos y cancelará un saldo neto superior a los 295 mil millones mediante un extenso cronograma de pagos que se extenderá hasta diciembre de 2027.

El entendimiento, que prevé la inminente firma del gobernador Martín Llaryora y del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se encuadra formalmente dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Su entrada en vigencia plena quedará estrictamente sujeta a la posterior aprobación y ratificación formal por parte de la Legislatura provincial.

El documento oficial detalla el reconocimiento de deudas nacionales a favor de Córdoba por un total de 142.959.650.596,66 pesos, los cuales se descontarán de obligaciones provinciales que ascienden a los 438.705.982.565,99 pesos. De esta compleja operatoria financiera surge un saldo neto de 295.746.331.969,33 pesos a favor de la Nación, monto que será cancelado bajo una tasa de interés nominal anual del 15%.

Los rubros en disputa y el esquema de pagos

Dentro de los componentes principales de la deuda nacional reconocida hacia la provincia se destacan 110.000 millones de pesos provenientes de la ANSES, en concepto de anticipo para el ejercicio 2026. A esto se le suman más de 32.900 millones correspondientes a diversos ajustes previstos en el Consenso Fiscal, mientras que por el lado de Córdoba se computa un anticipo financiero otorgado mediante decreto y pagos realizados al Club de París.

El millonario saldo resultante se abonará en tres tramos bien diferenciados. El primero comprenderá 60.000 millones de pesos exigibles al cierre de noviembre de este año, seguido por otro pago en diciembre de casi 45.000 millones, y un tramo final de 190.787.427.859,74 pesos que se fraccionará en ocho cuotas mensuales y consecutivas a lo largo de todo el año 2027.

A pesar de la firma de este convenio masivo de compensación financiera, la administración cordobesa ratificó que mantendrá firmemente sus reclamos judiciales y administrativos. El texto excluye expresamente de la renuncia de derechos a las diferencias económicas por los déficits de la Caja de Jubilaciones correspondientes a los períodos 2025 y 2026, así como también preserva dos causas abiertas de gran peso político y económico que actualmente tramitan directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.