La diputada nacional Marcela Pagano presentó dos denuncias judiciales para que se investigue la organización y los gastos de los eventos del Papa León XIV en Argentina, tras la polémica por una carpa VIP con cuatro mil invitados y contrataciones millonarias.
En uno de los escritos presentados, la legisladora apunta directamente contra funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. La controversia gira en torno al sector exclusivo montado durante la misa que el Sumo Pontífice brindó el pasado 9 de noviembre en el barrio porteño de Palermo, un espacio que contó con la presencia de reconocidas celebridades y personalidades del espectáculo.
Según consta en la denuncia, dicho sector fue previsto con carpas, servicio de catering y acomodadores en el pliego de contratación otorgado a la productora DF Entertainment S.A. por una cifra de 8.690.000.000 pesos. Pagano advirtió que esta maniobra pudo haber beneficiado indebidamente a personas ajenas a la función pública, comitivas oficiales, el cuerpo diplomático o la representación eclesiástica.
Las claves de la investigación judicial
Entre las medidas de prueba solicitadas a la Justicia, la presentación exige determinar si existieron delitos graves como malversación de caudales públicos, peculado y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El texto aclara que no existe imputación contra los invitados al sector exclusivo, entre los que se menciona a figuras como Pampita, Yanina Latorre, Valeria Mazza y Claudia Villafañe, quienes fueron propuestos como testigos.
En paralelo, la diputada impulsó un segundo expediente para esclarecer presuntas irregularidades en la contratación directa por supuesta urgencia de la misma productora para organizar la misa y la vigilia. La presentación exige investigar si la urgencia invocada fue real o producto de la inacción administrativa, además de poner bajo la lupa la contratación de las firmas Tech Security y Purgato S.A., vinculadas al entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Las actuaciones judiciales quedaron radicadas en el Juzgado Federal número 5, bajo la órbita de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, y en el Juzgado Federal número 7, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quienes deberán definir los pasos a seguir en la causa.
