El Senado convirtió este jueves por unanimidad en ley el proyecto de Discapacidad que replica el esquema de beneficios de la norma que vencía en diciembre, tras un año de rechazos previos por parte del Gobierno Nacional.

La iniciativa fue aprobada por los 71 legisladores presentes en una extensa sesión que se inició pasadas las 11 horas, la cual también incluyó el tratamiento de pliegos judiciales y diversos proyectos de adhesión. A un año de haber rechazado la ley de emergencia, el oficialismo accedió a mantener los beneficios luego del respaldo expresado por el papa León XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad.

Al abrir el debate en el recinto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la decisión de buscar una normativa permanente en lugar de una nueva prórroga de emergencia. “La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad”, expresó el funcionario durante su exposición ante sus pares.

Un debate cruzado por fuertes cruces políticos y reclamos sociales

Desde la oposición, la senadora peronista Alicia Kirchner advirtió que ninguna sanción reconstruye los derechos vulnerados y calificó la medida como un punto de partida. En la misma línea, la legisladora Lucía Corpacci apuntó directamente contra el presidente Javier Milei al sostener que la ley salió adelante porque los colectivos afectados salieron a protestar a las calles.

Por su parte, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, catalogó la nueva normativa como un acuerdo social y político que supera los parches de las emergencias anteriores. El proyecto aprobado, denominado oficialmente Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, elimina la transitoriedad y establece un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones y coberturas de forma definitiva.

Entre sus puntos centrales, la flamante ley garantiza la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, fijada en el equivalente al setenta por ciento del haber jubilatorio mínimo, y el ejercicio de un empleo formal o la inscripción en el régimen del monotributo.