La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que las empresas de medicina prepaga deberán pedirle autorización al Gobierno nacional antes de implementar un aumento en las cuotas de sus servicios.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, disposición que invalida la desregulación absoluta de las cuotas de la medicina prepaga que venía rigiendo luego de la asunción de Javier Milei. En su resolución, los magistrados consideraron que no basta con invocar una emergencia genérica y señalaron que el Gobierno no demostró en los argumentos del decreto una necesidad ni urgencia concreta para eliminar el control del Estado sobre las tarifas de salud.
Por lo tanto, al dejarse sin efecto la desregulación de esos dos artículos, la Superintendencia de Servicios de Salud vuelve a tener la potestad legal de revisar, fiscalizar y autorizar de manera previa las variaciones tarifarias que piden las empresas de medicina prepaga. En su disposición, el máximo tribunal revocó el tramo de la sentencia que había dictado la Cámara Federal de La Plata, mediante el cual establecía que los aumentos pasarían a estar sujetos de manera automática al Índice de Precios al Consumidor.
Los detalles de la causa y el impacto en las cuotas
Con el fallo, la Corte ordenó que el control se lleve a cabo bajo los mecanismos de revisión legalmente establecidos, que comprenden la evaluación de estructura de costos y el cálculo actuarial. Además, los magistrados aclararon que la inconstitucionalidad recae solo sobre los artículos mencionados, sin emitir opinión ni juzgar la validez del resto del decreto presidencial.
La decisión fue dictada en la causa iniciada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical S.A. a través de un recurso de amparo. En el texto se precisa que el plan contratado por la afiliada sufrió un aumento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, saltando de 136.161,21 pesos a 301.218,02 pesos.
En la demanda se detalló que de haberse aplicado la normativa anterior del Ministerio de Salud de la Nación, el incremento para enero de 2024 habría sido de apenas el 6,26 por ciento. En consecuencia, la Justicia exigió retrotraer esta situación y frenar las subas unilaterales en el sector.