Los gremios docentes y judiciales intensifican las medidas de fuerza en rechazo a la recomposición salarial oficial y exigen respuestas urgentes ante la pérdida del poder adquisitivo.
El malestar de distintos sectores sindicales por la política salarial del Gobierno de Corrientes desembocó en una serie de protestas que tendrán su epicentro durante este lunes y martes en diversos puntos del territorio provincial. Las concentraciones gremiales comenzaron a las 18 horas, manifestando el total rechazo al incremento del diez por ciento anunciado por las autoridades provinciales, un porcentaje que consideran totalmente insuficiente frente al impacto de la inflación.
En la capital provincial, la convocatoria docente se fijó frente a la Casa de Gobierno, ubicada en la emblemática plaza 25 de Mayo. Esta medida busca visibilizar de manera directa el descontento del sector educativo y exigir una recomposición salarial real que responda a las necesidades básicas de los trabajadores antes de la finalización del año en curso.
La tensión en el sector judicial y los números del ajuste
En paralelo al reclamo docente, los trabajadores judiciales profundizan sus protestas y este martes mantendrán una reunión clave con autoridades del Superior Tribunal de Justicia. El principal reclamo de este sector gira en torno al pago pendiente del seis por ciento correspondiente a abril pasado, además de exigir una nueva mejora que logre equilibrar las cuentas familiares frente al incremento sostenido de los precios.
Desde el Ministerio de Hacienda se ratificó que el diez por ciento de diciembre representa el tercer incremento del año, sumándose a los otorgados en marzo y junio. Sin embargo, continúa latente la incertidumbre sobre la posible implementación de bonos extraordinarios de fin de año, mientras que los pluses Unificado y de Refuerzo mantendrán sus montos sin modificaciones.
De esta manera, el escenario socioeconómico provincial se mantiene en estado de alerta máxima mientras las organizaciones gremiales evalúan endurecer las medidas si no obtienen respuestas favorables por parte del Estado y las autoridades judiciales.