La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) lanzó una dura advertencia contra el Poder Ejecutivo provincial tras el otorgamiento de sumas no remunerativas al sector docente, calificando la maniobra como un avance inconstitucional sobre los derechos laborales.

El conflicto estalló luego de que se conociera la decisión del gobierno de liquidar montos denominados en negro para los trabajadores de la educación. Desde la conducción de AJER, señalaron que esta metodología no solo vulnera los principios básicos de la transparencia salarial, sino que además genera un precedente peligroso para el resto de la administración pública provincial.

La principal preocupación del gremio radica en el impacto directo sobre el sistema previsional. Según denunciaron las autoridades sindicales, estas sumas al no tener aportes, quedan fuera de cualquier cálculo de movilidad, lo que representa un golpe económico severo para los pasivos del sector. La situación pone en jaque la sustentabilidad del sistema y la equidad entre los trabajadores activos y quienes ya se han retirado.

El impacto en la movilidad de los jubilados

El gremio fue tajante al explicar que los jubilados judiciales resultan doblemente perjudicados por esta medida. Al no integrarse estos montos al sueldo básico, la movilidad jubilatoria se ve estancada, impidiendo que los haberes de los retirados se actualicen conforme a la inflación y a los acuerdos paritarios reales que deberían regir en la provincia.

Para la Asociación Judicial, el uso de sumas fijas no remunerativas es una herramienta que el Estado utiliza para evitar el cumplimiento de sus obligaciones previsionales. En este sentido, exigieron que cualquier incremento salarial sea otorgado de manera legítima, respetando la estructura de aportes y contribuciones que garantiza el bienestar de toda la pirámide escalafonaria.

Finalmente, desde el sindicato no descartaron iniciar acciones legales más profundas si el gobierno provincial persiste en esta política de parches económicos. La tensión crece mientras los trabajadores esperan una respuesta oficial que garantice que ningún aumento quede por fuera de la ley y que se respete irrestrictamente la Constitución Provincial en materia de salarios y jubilaciones.