El observatorio Mumalá encendió las alarmas al confirmar que ya suman 239 femicidios en todo el país entre el 1 de enero y el 30 de octubre, consolidando a octubre como el peor mes desde 2022.
De acuerdo con el informe oficial, se registra una muerte por violencia de género cada treinta horas. Del total de casos contabilizados, 177 corresponden a femicidios directos, mientras que los intentos de asesinato ascendieron a 728. En la última década, las organizaciones contabilizaron un total de 3.231 casos, evidenciando una problemática estructural que no cede.
El informe detalla que el 59% de las víctimas fueron asesinadas en el interior de sus propias viviendas. En cuanto a los métodos utilizados por los agresores, el 28% de las mujeres fue ultimada con arma blanca, otro 28% con arma de fuego, el 11% recibió golpes fatales, un 10% sufrió asfixia, el 16% mediante otras modalidades y un 7% no pudo ser identificado. Asimismo, el impacto colateral dejó a 179 niños, niñas y adolescentes sin madres.
Vulnerabilidad, fallas en la protección y perfiles de los agresores
La situación de desprotección institucional quedó expuesta al revelarse que el 12% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas contra sus agresores y contaba con botón antipánico, en tanto que el 75% poseía una orden de restricción vigente que no logró evitar el desenlace fatal. Respecto al perfil de los atacantes, el 29% convivía con la víctima, el 31% se dio a la fuga y un 16% permanece prófugo, mientras que el 6% integraba las fuerzas de seguridad.
El documento también visibilizó casos emblemáticos que conmocionaron a distintas regiones del país, como el de la maestra rural Nanci Godoy, hallada tras estar desaparecida veinte días en Corrientes, o los crímenes de trabajadoras sexuales como Débora, Bárbara, Tatiana y Daniela. Las organizaciones exigieron respuestas urgentes al Estado ante una vulnerabilidad económica que se profundiza y se cruza con contextos de narcotráfico y criminalidad organizada.
