El juez federal de Victoria, Federico Martín, declaró admisible el amparo presentado por dirigentes provinciales contra el Ministerio de Economía de la Nación y Vialidad Nacional para exigir explicaciones sobre el destino de los fondos viales.
La presentación judicial fue impulsada por el senador nacional Adán Bahl junto a los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay. El reclamo apunta directamente a que las rutas nacionales que atraviesan la región reciban las obras y el mantenimiento postergado, tareas que deberían financiarse mediante el Fondo Fiduciario proveniente del impuesto a los combustibles.
Durante la exposición del caso, Guillermo Michel denunció públicamente que el Gobierno nacional se queda de forma ilegal con los recursos económicos destinados a reparar los caminos. Los legisladores detallaron que en cada carga de combustible los ciudadanos aportan un porcentaje por ley a un fondo especial llamado Sistema Vial Integrado, el cual posee estrictamente fines de mantenimiento vial.
Una fortuna en plazos fijos mientras los caminos se deterioran
De acuerdo con los registros oficiales citados en la causa, durante el mes de abril de ese fondo se acumulaban más de 849.000 millones de pesos que fueron colocados en instrumentos financieros como plazos fijos y títulos públicos en lugar de ser ejecutados en las rutas. Como contrapartida directa, las trazas nacionales como las rutas 12, 18 y 136 continúan presentando tramos sumamente deteriorados y con intervenciones totalmente paralizadas.
En su resolución, el magistrado rechazó el pedido formulado por el Estado nacional para llevar el expediente hacia los tribunales de Capital Federal, ratificando que el proceso continuará en territorio provincial. Asimismo, ordenó a las dependencias demandadas que presenten un informe circunstanciado en el plazo perentorio de doce días.
Si bien en esta instancia inicial el juez no hizo lugar a la medida cautelar urgente solicitada por los amparistas, advirtió expresamente que dicha decisión podrá ser revisada en cualquier etapa posterior del proceso judicial en curso.