El Tribunal Oral Federal N° 2 sentenció a seis personas en un juicio abreviado correspondiente al segundo tramo de la causa Vialidad, fijando duras penas de prisión y un multimillonario decomiso de bienes.
En un fallo dictado tras un juicio abreviado acordado entre las fiscalías, las defensas y la querella de la Unidad Información Financiera, el juez Andrés Fabián Basso condenó a seis acusados por el delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
Los sentenciados en este segundo tramo son Martín Antonio Báez, Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti, quienes recibieron penas de entre 3 años y 2 años y 6 meses. Sin embargo, en los casos de Martín Báez y Julio Mendoza, las penas fueron unificadas con condenas previas por lavado de activos agravado, por lo que el hijo del empresario recibió una pena total de 7 años y 9 meses de prisión, mientras que Mendoza cumplirá 5 años y 9 meses bajo la modalidad de prisión domiciliaria debido a su edad.
Un esquema de corrupción institucional
El magistrado dispuso además el decomiso de bienes por la imponente suma de $684.990.350.139,86, un monto que deberá ser actualizado al momento de su ejecución. El juez fundamentó su decisión en la condena anterior del primer tramo de Vialidad, al señalar que los hechos juzgados constituyeron el mismo objeto procesal de la maniobra defraudatoria perpetrada contra el Estado mediante la obra pública vial adjudicada en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
A diferencia del juicio principal, este tramo se enfocó en el rol de funcionarios de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y de la seccional santacruceña, así como en directivos de las empresas de Lázaro Báez como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola remarcaron en su acusación original que se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública.
