El Gobierno modificó el régimen de grandes inversiones mediante un decreto que permite a empresas extranjeras calificar como proveedoras locales, quitándole exclusividad a la industria nacional.

El gobierno de Javier Milei le asestó un duro golpe a la ley de Compre Nacional a través del decreto 1366/2026 publicado en el Boletín Oficial. La normativa introduce modificaciones profundas en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), regulado originalmente por la Ley Bases, permitiendo que firmas extranjeras compitan en igualdad de condiciones por el cupo mínimo obligatorio.

La normativa original establecía que los proyectos adheridos al RIGI debían comprometer la contratación de proveedores locales por un mínimo del 20 por ciento del monto de inversión asignado a la compra de bienes y obras. Sin embargo, con el nuevo esquema, la exigencia previa de combinar radicación con control societario local fue reemplazada por un criterio exclusivo de domicilio en la Argentina.

De esta manera, cualquier compañía constituida en el país califica formalmente como proveedora local, lo que implica que una empresa de patrimonio extranjero podrá computar para el cupo exigido aunque la totalidad de sus accionistas sean del exterior. Esto le otorga una ventaja directa al capital internacional y despoja a las pymes nacionales de la exclusividad que reclamaban.

Un fuerte rechazo de la industria

La decisión oficial choca frontalmente con los pedidos realizados por la Unión Industrial Argentina (UIA), que en reiteradas oportunidades le había planteado al Ejecutivo la necesidad de blindar a la producción nacional frente al impacto del modelo económico actual. En junio pasado, la entidad fabril había emitido un comunicado exigiendo que el porcentaje mínimo de inversión se aplicara de forma exclusiva para bienes con valor agregado local.

Desde la cúpula empresaria advirtieron que si el país requiere regímenes de excepción para captar capitales, el desafío estructural sigue siendo mejorar las condiciones operativas de todo el entramado productivo interno. Con este nuevo escenario normativo, el impacto en la industria se siente con fuerza y abre un nuevo foco de tensión con el sector fabril.