El presidente Javier Milei descartó la posibilidad de implementar un plan platita de cara a los comicios del año próximo y advirtió que cualquier política expansiva obligaría a recurrir al endeudamiento, la emisión monetaria o la suba de impuestos.
Durante una entrevista concedida a A24, el mandatario nacional consideró que dichas alternativas son totalmente inviables y contraproducentes para el actual escenario económico. En la misma sintonía, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había expresado a comienzos de noviembre que están equivocados quienes proponen financiar nuevamente al Estado mediante la emisión de dinero y la expansión del gasto público.
Por su parte, el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, respaldó firmemente esa postura al señalar que resulta muy peligroso plantear un aflojamiento de la política monetaria con el único propósito de dinamizar artificialmente la actividad. La lógica oficial apunta a mantener bajo estricto control la circulación de pesos para anclar la inflación y evitar presiones alcistas sobre el dólar oficial a menos de un año de las elecciones presidenciales.
El costo en la economía real y el límite del superávit
Sin embargo, el costo de esta estrategia restrictiva recae directamente sobre la economía real, limitando el financiamiento y ralentizando la expansión del crédito para hogares y empresas. Desde la consultora 1816 advirtieron que el Ejecutivo posee un margen muy acotado para reactivar el aparato productivo, condicionado por su férreo compromiso con el superávit primario y el impacto fiscal que acarrearán los futuros cambios normativos.
En tanto, las estimaciones elaboradas por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) detallan que cerca del 55 por ciento del gasto primario nacional se encuentra indexado por ley al Índice de Precios al Consumidor, lo que acota notablemente el alcance de los recortes. Ante este panorama, el Gobierno se ve obligado a focalizar las reducciones en rubros con mayor flexibilidad administrativa, tales como las transferencias a provincias, la obra pública y los salarios estatales, mientras implementa medidas sectoriales acotadas que no comprometan las cuentas públicas.