La Municipalidad de Concepción del Uruguay avanzará con demandas en el fuero civil y comercial contra los responsables de una millonaria estafa digital que afectó las arcas públicas.

La Asesoría Jurídica municipal impulsará las acciones legales durante el mes de noviembre. La decisión se tomó de manera drástica luego de que el Municipio considerara completamente insuficiente el ofrecimiento de reparación económica presentado por algunos de los imputados que buscaban acceder a la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Según trascendió, los acusados habían ofrecido apenas alrededor de un millón de pesos cada uno frente a un perjuicio total que asciende a los 25 millones de pesos.

El fraude ocurrió el 3 de abril de 2023, cuando operarios de una cuenta bancaria del Estado local detectaron que se habían concretado 16 transferencias fraudulentas en pocas horas. La minuciosa investigación judicial determinó que la peligrosa maniobra delictiva se originó mediante un correo electrónico que contenía un programa malicioso conocido como Grandoreiro, un troyano bancario capaz de acceder de forma remota a las computadoras oficiales y capturar credenciales de acceso financiero.

Condenas previas y la ruta de los millones robados

El software malicioso logró instalarse en un equipo clave de la Tesorería municipal, llegando incluso a simular una página falsa del Banco de Entre Ríos para engañar al personal. Los fondos sustraídos fueron rápidamente derivados a distintas cuentas y plataformas financieras, aunque en los primeros días posteriores al golpe el entonces intendente Martín Oliva confirmó la recuperación de 1,5 millones de pesos.

En el plano estrictamente penal, la causa que llegó a tener 13 imputados avanzó con la homologación de juicios abreviados. El pasado 14 de septiembre fueron condenadas dos mujeres oriundas de San Rafael, identificadas como Alejandra Napoleone y Teresa del Carmen García, quienes recibieron penas de tres años de prisión en suspenso como coautoras de estafa informática agravada en perjuicio de la administración pública.

Ante la negativa de aceptar las pautas económicas ofrecidas por el resto de los involucrados bajo la figura de la probation, la estrategia de la comuna liderada ahora en los estrados judiciales busca agotar todas las instancias para resarcir por completo el daño económico ocasionado al erario público municipal.