La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de comunicación que considera necesaria la creación, por parte de la Procuración General de la Provincia, de una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales conexos.
Durante la sesión del pasado jueves 29, la Cámara de Senadores dio el visto bueno a la iniciativa impulsada por la legisladora del Departamento La Paz, Patricia Díaz. El proyecto busca dar una respuesta especializada por parte del Ministerio Público Fiscal frente al persistente reclamo de los productores agropecuarios ante el recrudecimiento del robo de ganado.
La propuesta destaca que es fundamental contar con una organización estable, personal altamente capacitado y una coordinación fluida entre las diferentes jurisdicciones provinciales. De este modo, las denuncias acumuladas por los damnificados podrán recibir un seguimiento judicial adecuado y riguroso para desarticular los circuitos de comercialización ilegal de hacienda.
Un reclamo histórico del sector agropecuario
La iniciativa cobró un fuerte volumen político y social debido a las constantes advertencias de distintas organizaciones, entre ellas la Federación Agraria Argentina y la Mesa de Enlace. Los dirigentes sectoriales habían manifestado su profunda preocupación por el avance de la delincuencia, especialmente en los departamentos del norte provincial donde la actividad ganadera tiene mayor desarrollo.
Entre los antecedentes citados en el recinto se destacaron las declaraciones de Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria, quien expuso los reiterados ilícitos sufridos por los productores en la zona de Bovril. Ante este panorama, el proyecto fundamenta que la especialización judicial permitirá reunir conocimientos técnicos precisos sobre la identificación de animales, la documentación de sus movimientos y la preservación de evidencias clave.
Finalmente, la normativa aprobada recuerda que el artículo 207 de la Constitución provincial y la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 10.407 facultan legalmente al Procurador General a crear unidades específicas para investigar delitos complejos, siempre respetando la autonomía funcional y los procedimientos constitucionales vigentes.
