La delegación de la obra social de las Fuerzas Armadas en Formosa cerrará sus puertas el próximo 30 de noviembre, dejando a 23 trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad laboral y legal.

El cierre definitivo de la sede de IOSFA en la provincia ha desatado un conflicto de proporciones, afectando tanto a personal de planta permanente como a contratados. Los empleados Williams Martín Martínez y Roxana Denáppole denunciaron públicamente que la comunicación desde las autoridades centrales carece de precisiones sobre el destino de los trabajadores, muchos de los cuales cuentan con más de 30 años de antigüedad en la institución.

Según explicaron los damnificados, la propuesta de retiro voluntario presentada por el organismo es considerada perjudicial, ya que implicaría la renuncia a derechos adquiridos por décadas de servicio. Ante esta situación, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) intervino mediante la presentación de una medida cautelar ante la Justicia, buscando frenar la normativa que pone en riesgo la continuidad laboral bajo la nueva estructura institucional.

Incertidumbre en el servicio y cierres en el interior

La crisis no se limita a la capital provincial. Se confirmó que la oficina auxiliar de Clorinda ya fue clausurada y el centro asistencial de Pirané sufrió modificaciones estructurales en su funcionamiento. Esta reducción de la presencia física obliga a los afiliados a canalizar todos sus trámites a través de una plataforma digital, en un contexto donde ya se venían registrando graves deficiencias en la cobertura médica local.

Roxana Denáppole calificó la situación como "agónica", haciendo hincapié en el impacto emocional de asistir diariamente a un lugar de trabajo con fecha de vencimiento. El desenlace de este conflicto depende ahora de la resolución judicial, mientras los 23 trabajadores esperan una respuesta que garantice sus ingresos y el respeto a su trayectoria profesional frente al inminente cese de actividades presenciales.