La repentina intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay dejó sin operaciones a 2,9 millones de clientes, comprometió fondos jubilatorios por millones de dólares y desató un terremoto político que salpica al presidente Santiago Peña.

La medida fue dispuesta el 2 de noviembre tras detectarse que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa vigente. Como consecuencia directa, sucursales, aplicaciones y tarjetas quedaron totalmente fuera de servicio, generando una profunda incertidumbre entre los ahorristas que bautizaron informalmente al episodio como el corralito paraguayo.

Uno de los flancos más delicados involucra al Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en la entidad intervenida, equivalente al 9% de su cartera. Pese a la preocupación generalizada, las autoridades previsionales salieron a calmar las aguas asegurando que el pago de haberes a unos 32.000 jubilados se abonará con normalidad.

Escándalo político, detenciones y protestas en las calles

En el plano judicial, la Fiscalía ordenó la detención de ocho personas vinculadas a la firma, entre ellas siete directivos, tras detectarse presuntas irregularidades crediticias. El escándalo escaló rápidamente hasta la máxima investidura del país, poniendo bajo la lupa al presidente Santiago Peña por sus antiguos vínculos empresariales con Ueno Holding, grupo del cual fue accionista hasta marzo de 2025.

La crisis también provocó la salida de Carlos Carvallo como titular del Banco Central, luego de que el jefe de Estado le exigiera la renuncia. Mientras tanto, en las calles de Asunción se registraron protestas y enfrentamientos con la policía por parte de ahorristas desesperados por recuperar su dinero.

Desde el Gobierno intentaron minimizar el alcance del conflicto asegurando que se trata de un problema aislado y que el sistema financiero se mantiene sólido. Sin embargo, la presión opositora no cesa y ya evalúa los pasos a seguir en el Congreso, mientras millones de ciudadanos aguardan definiciones concretas sobre el recupero de sus ahorros.