El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad y con 71 votos afirmativos, la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
La norma consolida buena parte de las disposiciones de la emergencia en discapacidad que el propio gobierno de Javier Milei había resistido durante más de un año. El cambio de postura del oficialismo se concretó tras diversos cruces judiciales y la sostenida presión del colectivo en las calles, permitiendo dar sanción definitiva a un proyecto que busca ordenar el sistema.
Entre sus puntos centrales, la nueva legislación mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo y su compatibilidad con el empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Asimismo, preserva el Certificado Único de Discapacidad como requisito fundamental y garantiza la cobertura sanitaria mediante el programa Incluir Salud.
Claves del financiamiento y plazos de pago
La normativa también fija plazos estrictos para regularizar la situación económica con los prestadores, estableciendo treinta días para comunicar el cronograma de pagos y noventa días para cancelar las compensaciones pendientes. Además, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de treinta días para reglamentar formalmente la ley.
Durante el debate en el recinto, el senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde sostuvo que la iniciativa busca aportar previsibilidad al sector. Por su parte, desde el bloque opositor, el senador justicialista Pablo Bensusán advirtió sobre la necesidad de asegurar las partidas presupuestarias correspondientes para evitar que la norma quede inactiva.
En la misma línea, el senador Martín Soria recordó las tensiones previas con el Ejecutivo en torno a los vetos presidenciales, mientras que el radical Maximiliano Abad valoró el consenso político alcanzado para brindar una respuesta institucional definitiva a las familias y profesionales.